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Reunión en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
El miércoles 3 de julio, los Dres. Martín Borrelli, Subsecretario de Asuntos registrales, y Paula Zabalegui, Directora del Registro Nacional de Sociedades y Concursos y Quiebras recibieron en la sede del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación a los Dres. Emilio Perticarini, Coordinador por la Mesa Directiva de la Comisión de Actuación Judicial, José Escandell, ex Coordinador Técnico, y María Inés Margerith, actual Coordinadora Técnica de la Comisión.
El encuentro tuvo como fin abordar el tema de la implementación del Registro Nacional de Sociedades, Concursos y Quiebras que fue creado por la Ley 24522, pero que a la fecha no fue implementado.
Ambas herramientas se encuentran en período de desarrollo por parte del Ministerio. La FACPCE ofreció colaboración técnica para ordenar su contenido.
Las autoridades recibieron de buen grado el ofrecimiento para avanzar en su puesta en marcha y manifestaron que es un proceso largo y que implica acordar con los organismos locales (Registros dependientes del Poder Ejecutivo o los dependientes del Poder Judicial de cada Provincia). La Directora informó que en una primera etapa se plantea el desarrollo de una base simple, con pocos datos, que sean relevantes, pero que permanezcan en el tiempo.
Como resultado de este encuentro, se creó un grupo de trabajo entre ambos organismos para que en el término de tres meses se puedan efectuar las primeras pruebas piloto en las principales jurisdicciones del país.
Las autoridades recibieron de buen grado el ofrecimiento para avanzar en su puesta en marcha y manifestaron que es un proceso largo y que implica acordar con los organismos locales (Registros dependientes del Poder Ejecutivo o los dependientes del Poder Judicial de cada Provincia). La Directora informó que en una primera etapa se plantea el desarrollo de una base simple, con pocos datos, que sean relevantes, pero que permanezcan en el tiempo.
Como resultado de este encuentro, se creó un grupo de trabajo entre ambos organismos para que en el término de tres meses se puedan efectuar las primeras pruebas piloto en las principales jurisdicciones del país.